POR: DON MAQUI

El Gobierno de Claudia Sheinbaum, acaba de firmar un acuerdo que pone un alto al aumento desmesurado de la gasolina magna, topando su precio en 24 pesos por litro durante los próximos seis meses.

Un movimiento calculado, con tintes de heroísmo económico, en el que el Gobierno Federal, se presenta como el salvador de los bolsillos mexicanos ante la presión de los costos internacionales y el constante vaivén del tipo de cambio.

La medida, sin embargo, no está exenta de dudas, pues se presenta como una solución provisional que, más que resolver el problema de fondo, podría enmascarar la verdadera vulnerabilidad de un sistema de precios que depende en exceso de la volatilidad externa.

El acuerdo, que será firmado por empresarios gasolineros, es voluntario, lo que deja la puerta abierta para que algunos se sumen y otros no, lo que introduce la posibilidad de un juego de intereses, donde cada actor buscará su propio beneficio, sin garantizar la estabilidad del precio en todas las estaciones de servicio, además, las gasolineras fronterizas quedan fuera de esta medida, lo que podría abrir un nuevo terreno de competencia y distorsión de precios en ciertas regiones del país.

El precio tope, acompañado de ajustes fiscales al IEPS, pretende mitigar las fluctuaciones internacionales, pero es innegable que la jugada de Sheinbaum tiene un carácter político: frenar la inflación de los combustibles justo en un año electoral podría otorgarle un respaldo popular clave en un momento de creciente desconfianza en los actores del mercado.

Sin embargo, el control de precios puede convertirse en un arma de doble filo, si los costos logísticos no se cubren adecuadamente, podríamos estar ante una medida temporal que únicamente pospone una crisis mayor, la pregunta es: ¿Realmente estamos ante una estrategia para estabilizar el mercado, o simplemente ante un parche electoral que, al final, será un alivio fugaz?.

En este escenario, el éxito de la medida dependerá no sólo de la voluntad de los gasolineros, sino de cuánto el Gobierno esté dispuesto a ceder para que su plan no se desmorone ante la presión de los costos, la verdadera incógnita es si, al final de estos seis meses, los precios volverán a dispararse, dejando a Sheinbaum con la difícil tarea de justificar su decisión ante una ciudadanía cada vez más desconfiada.

La jugada está hecha, pero, como siempre en la política mexicana, la cuenta final será saldada por los más vulnerables.