Esta semana el Gobernador se ha enfrascado fiel a su estilo en una guerra de dimes y diretes con otro personaje que le encanta el show mediático y que busca reflectores a costa de lo que sea, Samuel García, este joven político que lo hemos dicho una y mil veces no ha sido capaz de ganar un solo juicio que inicia pero es mitómano y con ello envuelve a tanta gente como le sea posible haciéndoles creer que gana algo, cuando no lo es, como el emblemático caso del gasolinazo.

Volvió a la carga con el petate del muerto que al Bronco se le puede destituir y vaya que no es la primera ocasión que engaña y manipula así, lo hizo siendo Diputado al afirmar que el Gobernador podría ser revocado de su cargo por una fallida Ley de Participación Ciudadana que todos los Diputados maquillaron bastante bien para darle atole con el dedo a la prensa y la ciudadanía y que como era de esperarse resulta inaplicable por fantasiosa e Inconstitucional.

El asunto es sencillo, tanto en la fallida Ley como en la pretendida destitución opera una máxima del derecho: No hay Pena, sin Ley, lo cual es un principio tan básico de derecho como el abecedario en kínder.

Simple y sencillamente las cosas como son, al Gobernador que no era Gobernador en el tiempo que se le imputan los hechos de las firmas de personal que SI trabajaban en Gobierno Independiente, se le pretende aplicar una pena que no está estipulada en ninguna norma, ni local, ni federal, mucho menos en la Constitución de Nuevo León y mucho menos en la Federal, si ese supuesto no se da, entonces bajo qué criterio se sancionaría al Bronco, no se debe perder de vista que Jaime Rodríguez tendrá derecho a ser oído y vencido en un tipo de juicio instaurado con una especie de jurado de procedencia en donde podrá defenderse de las acusaciones que se le imputan.

Sobrevendrá entonces la defensa legal del imputado que alegará falta de motivación para su destitución y sobre todo falta de fundamentación a las acusaciones y en su caso a la sanción que pretendan imponerle, sea cual fuere, más aún privarlo de un cargo y un derecho adquirido que es ejercer el de Gobernador por 6 años y que fuera definido en una elección Constitucional y avalado por los ciudadanos, sería guardando toda proporción una repetición inversa de la “Ley Bonilla” en Baja California, un Congreso modificando un mandato sin facultades legales para ello.

Para destituirlo se encuentran establecidas distintas hipótesis que nada tiene que ver con el capricho de Samuel García y uno que otro desquiciado jurídico que opina sin sentido sobre el tema.

Además por si eso no fuera poco, señalan los abogados constitucionalistas que hemos consultado, Jaime Rodríguez no ha sido sancionado antes y si procediera una sanción no se aplica la máxima que pudiera ser en su caso la destitución, ya que disfrutaría los beneficios de la sanción por primera vez y no por reincidencia, es decir, esas cosas de que “le daremos un escarmiento” “sentaremos un precedente” más bien abonan a la defensa de Gobernador, debido a que sin haber iniciado un Juicio ya “se le juzgó a priori”, violando con ello el principio de actuar en cualquier caso de autoridades jurisdiccionales en que se pretenden convertir los Diputados de imparcialidad y bajo el buen criterio y sin sesgos personales, sin filias, ni tampoco fobias.

En fin queridos maquilectores, diviértanse un rato con el show montado por los tres órdenes de Gobierno que será épico, por el ridículo que harán ambas partes en sus defensas.

Al Gobernador le decimos; de nada por los tips jurídicos que aquí le señalamos y pórtese bien Don Jaime, para que tenga diputados que lo defiendan y no busquen lincharlo a la primera de cambio que ven “burro y se les ofrece viaje”.