Por: Carlos de la Fuente. Coordinador del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado de Nuevo León.

En Nuevo León se vive un escenario político inédito ante el proceso de sanción ante un Gobernador, que podría ir desde una amonestación, inhabilitación o destitución, en este caso al actual titular de la Administración Estatal, Jaime Rodríguez Calderón.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la resolución de la Sala Regional Especializada en la que “El Bronco” –entonces candidato presidencial– usó recursos públicos para recolectar firmas ciudadanas que respaldaran su candidatura a la Presidencia de la República por la vía independiente.

De acuerdo a la resolución se determinó que 572 servidoras y servidores públicos, incluido también Manuel González Flores, faltaron al principio de neutralidad e imparcialidad del servicio público para influir en la competencia de entre quienes aspiraban a una candidatura independiente a la Presidencia de la República.

Asimismo, se resolvió dar vista el 30 de junio del 2018 al H. Congreso del Estado de Nuevo León a fin de emitir la sanción correspondiente a Rodríguez Calderón y a Manuel Florentino González Flores en su calidad de gobernador interino.

Ante ello, reprobamos cualquier acto en el que se viole la ley y se cometa un abuso de autoridad, como en este caso el uso de recurso humano y material para recabar las “bronco firmas”.

Repudiamos el actuar del Gobernador, quien a costa de sus aspiraciones personales desatendió su mandato y por consecuencia el desarrollo de Nuevo León en diversos rubros, como seguridad, obra pública, salud, entre otros aspectos.

Como representantes de los ciudadanos, que nos dieron su voto para hacer que se cumpla la ley, debemos actuar al respecto, y por tanto dictaminar en el Pleno en base a la resolución de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que se castigue al Gobernador.

Nuevo León se quedó en el olvido por alguien que antepuso sus intereses personales al beneficio de los ciudadanos que en el 2015 le dieron su voto y confianza por seis años como Gobernador y no como posible Presidente de México.

De acuerdo a las reglas procesales en este caso la sanción deberá imponerse por el Pleno del Congreso, y la individualización de la sanción deberá ser acorde al nivel de gravedad de la infracción.

Tenemos la convicción de no estar politizando, ni mediatizando el tema, y estamos seguros que en el Congreso del Estado se atiende dicho caso con la seriedad que lo amerita.