Más de 30 organizaciones de la sociedad civil tronaron contra el Gobierno de Nuevo León por una sequía fiscal que arrastra desde marzo de 2025, al reclamar 88.5 millones de pesos adeudados del año pasado y 229 millones no asignados en 2026, recursos ya comprometidos mediante contratos y facturas.
Reunidos por el Consejo Cívico, su presidente Mauricio de la Garza junto con Alicia Navarro Martínez de Amanecer e Isabel Ruenes de Hogar Misericordia, advirtieron que la falta de transferencias por parte de la Secretaría de Finanzas y Tesorería e Igualdad e Inclusión obliga a las asociaciones a endeudarse para mantener servicios a miles de personas.
Los representantes señalaron que, aunque se exige comprobación, informes y ejecución de programas, los pagos llegan incompletos, pues en 2025 solo se dispersó el 55 por ciento del presupuesto aprobado de 229.4 millones, dejando más de 101 millones pendientes a 162 organizaciones según información pública.
Ante la afectación a la operatividad y sostenibilidad, exigieron la liberación inmediata de los fondos, pues la retención pone en riesgo programas de asistencia social, salud y educación que sostienen a comunidades vulnerables en todo el estado.
