Según informes del Instituto Cato, las nuevas reglas fiscales implementadas por el Gobierno de la 4T que serán vigentes a partir del 1 de enero para plataformas de servicios digitales como Uber, Airbnb, YouTube y demás, pero sobre todo sus sanciones, van en contra y son violatorias del T-MEC.

Las sanciones a las plataformas digitales por omisiones fiscales, las cuales el instituto denomina como “el interruptor de la muerte, van desde bloqueo en caso de que no retengan y enteren el impuesto al SAT; si no se inscriben al padrón de contribuyentes; no designan algún representante legal en México; no registran un domicilio fiscal; no tramitan la e.firma; o bien, omiten la presentación de las declaraciones informativas.

De acuerdo con Cato, las violaciones al T-MEC son las disoluciones en el Artículo 15.3 del T-MEC, el 18.3 de Acceso y Uso (de Telecomunicaciones), y el 19.10 de Principios sobre Acceso y Uso de Internet para Comercio Digital.

Dichas medidas están contenidas en el decreto de la Ley del ISR, de la Ley del IVA y del Código Fiscal de la Federación, firmado y expedido por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y publicado el 8 de diciembre.

“El Presidente Andrés Manuel López Obrador aprobó la ley a pesar de las numerosas preocupaciones planteadas sobre si la nueva medida viola las obligaciones de México en virtud del T-MEC, y su acción marca una provocación abierta de los intereses comerciales de Estados Unidos, así como de los consumidores mexicanos de servicios digitales extranjeros (…) Existe una fuerte oposición al ‘interruptor de la muerte’… asociaciones comerciales de todos los países socios del T-MEC y de otras partes de América Latina enviaron una carta a los líderes del Congreso mexicano el 23 de octubre del 2020, argumentando que la medida no sólo era incompatible con la ley mexicana, sino también con el T-MEC”.

Cato refiere que debido que muchos de estos sitios se encuentran alojados dentro de los servicios en la nube, bloquear a uno podría tener un efecto dominó que elimine a muchos otros en el proceso, impactando gravemente en el ecosistema de internet en general.

“La falta general de transparencia en los requisitos de procedimiento para la aplicación de este mecanismo de ejecución merece un escrutinio, ya que sin detalles plantea serias dudas sobre la regulación gubernamental de internet y también lo hace potencialmente propicio para el abuso”.

Cato advierte que si el Gobierno Federal de México continúa con la implementación del “interruptor de la muerte” las consecuencias podrían ser mucho peores de lo que los políticos jamás imaginaron.