La bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso de Nuevo León solicitó activar los mecanismos legales para investigar presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos estatales, luego de los señalamientos realizados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), al considerar que las observaciones deben esclarecerse y derivar en el deslinde de responsabilidades correspondientes.
Los legisladores priistas plantearon que las observaciones del órgano fiscalizador federal sean turnadas a las instancias competentes, entre ellas la Fiscalía General de la República y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, para que se determine si existen elementos suficientes para iniciar procedimientos legales y establecer posibles responsabilidades administrativas o penales.
Entre las acciones propuestas se encuentra la revisión detallada de los movimientos financieros relacionados con los recursos observados, incluidos contratos, comprobantes fiscales y transferencias bancarias, con el propósito de identificar el destino del dinero, conocer quiénes fueron sus beneficiarios y determinar si las operaciones se realizaron conforme a las disposiciones legales.
La representación priista también demandó que el Gobierno estatal entregue a las autoridades fiscalizadoras toda la información requerida, sin retrasos ni omisiones, y aseguró que los señalamientos de la ASF coinciden con información que ya se encuentra en poder de la Comisión Anticorrupción del Congreso local, relacionada con transferencias de recursos públicos a despachos presuntamente vinculados con el entorno familiar del gobernador Samuel García, por lo que insistió en que el caso debe atenderse mediante investigaciones formales y no limitarse a una disputa política.
