La noche del pasado sábado, un parrillero, residente de Apodaca, y que cuenta con un negocio que se dedica a la comercialización de pollos asados, disparó y mató a un extorsionador que le exigía cuota y amenazaba con matar a su familia y a los empleados del establecimiento. El hecho fue captado por las cámaras de seguridad del local.

La muerte del extorsionador ha desatado un debate sobre si la reacción del parrillero debe ser considerada como una legítima defensa por parte de la autoridad penal. Algunos, identificados, alegan que la conducta del parrillero refleja el cansancio de la sociedad ante este tipo de ilícitos y que la gran mayoría quedan sin condena ni castigo alguno, sin embargo, otros advierten de los riesgos que pueden darse a causa de hacer justicia por propia mano.

Junior (parrillero) permaneció detenido hasta la noche del lunes, cuando la Fiscalía General lo liberó por irregularidades en el informe policiaco, no obstante, aún falta el veredicto final.

“Salvo prueba en contrario, la acción de defensa llevada a cabo por la persona que accionó el arma, pudiera ubicarse en la hipótesis de la legítima defensa, al actuar en defensa de bienes, su persona y personas que se encontraban en el lugar que laboraba”, mencionó el litigante Rubén Fernández.

Por su parte, el litigante Olmo Guerrero, señaló que para que la legítima defensa sea válida se deben cumplir una serie de lineamientos establecidos en el Código Penal.

Explicó que debe tratarse un peligro inminente, algo que sería difícil alegar ya que el extorsionador no se mostró armado y los empleados lo superaban en cantidad y además portaban una pistola.

No obstante, la estrategia de defensa se enfocó en un ‘miedo grave’ que la víctima de la extorsión mantenía por las constantes amenazas que recibía del ahora occiso.

“La legítima defensa tiene múltiples circunstancias y efectos que en el caso particular hacen prácticamente imposible que se dé esa figura, la estrategia de defensa que se está siguiendo es que la conducta realizada por esta persona (Junior) se llevó a cabo bajo un parámetro de miedo grave, ¿Qué quiere decir esto? que no se le puede sancionar penalmente porque su capacidad de entender y de querer estaba prácticamente nublada. Cuando una persona está bajo un miedo grave puede realizar una conducta, pero eso no significa que al realizarla tenga el autocontrol, tanto de su mente como de su cuerpo”, alegó el litigante Manuel Arnaud.

Así mismo, Arnaud detalló que el hijo de 16 años de Junior recibió una llamada de los extorsionadores, quienes lo amenazaron con dañar su integridad física.

“Esta situación se la hace del conocimiento el menor a su padre y te imaginarás el terror que vivió, prácticamente durante seis horas, que es desde que se recibe la primera llamada hasta que esta persona llega al negocio”.

El litigante admitió que el caso es jurídicamente complejo, pero que aun así espera que la Fiscalía resuelva tomando en cuenta el sentir social.