Por: Don Maqui
Hay una relación bastante desigual entre los ciudadanos y sus gobiernos municipales, cuando alguien se retrasa en pagar el predial, aparecen recargos, multas y requerimientos, cuando estaciona mal su automóvil, llega la infracción, y cuando incumple alguna disposición administrativa, difícilmente encuentra demasiada comprensión.
Pero cuando el municipio incumple su obligación de mantener las calles en condiciones adecuadas, la historia cambia, el automovilista cae en un bache, destruye una llanta, daña la suspensión y termina pagando la reparación, después viene el verdadero problema: intentar que la autoridad responda.
Por eso resulta interesante la propuesta legislativa para facilitar las reclamaciones por daños ocasionados por el mal estado de las vialidades, aunque sería conveniente llevar la discusión mucho más lejos.
¿Cuántas reclamaciones reciben anualmente los municipios? ¿cuántas reconocen como procedentes? ¿cuánto dinero pagan por daños? ¿y cuánto invierten en reparar las calles donde se presentan los accidentes? esas cifras permitirían conocer algo que los informes municipales rara vez explican: el costo que termina absorbiendo el ciudadano por las deficiencias de los servicios públicos.
Porque el deterioro de una avenida no solamente representa un problema de infraestructura, también puede convertirse en un gasto inesperado para miles de familias, los gobiernos municipales tienen derecho a cobrar impuestos, pero ese derecho viene acompañado de obligaciones, y sería bueno comenzar a recordarles que la responsabilidad administrativa no funciona solamente en una dirección, si el ciudadano debe responder cuando incumple, el gobierno también tendría que hacerlo.
