La industria automotriz mexicana enfrenta su prueba más complicada desde la firma del T-MEC porque Boston Consulting Group anticipa que la renegociación de 2026 no será un ajuste técnico sino un rediseño estructural que cambiará las reglas de origen y endurecerá los requisitos de contenido regional para mantener el acceso preferencial al mercado de Estados Unidos.
El escenario más agresivo combina el arancel base de 25% ya vigente con sobrecargos adicionales por migración y fentanilo que pueden empujar la carga total hasta 52.5% para los vehículos que no acrediten el porcentaje mínimo de piezas fabricadas en Norteamérica, un golpe que encarecería la exportación y pondría en riesgo contratos multimillonarios con las tres grandes de Detroit.
México exporta el 88% de su producción automotriz hacia Estados Unidos y Canadá y la cadena sostiene más de un millón de empleos directos en estados como Coahuila, Guanajuato y Nuevo León, donde la derrama anual supera los 50 mil millones de dólares y cualquier caída en la producción se traduce en paros técnicos y cierre de plantas proveedoras.
La ventaja actual es que solo 8.2% de los autos ensamblados en el país no cumplen con las reglas de origen vigentes, pero el margen es mínimo ante un tratado que podría exigir hasta 75% de contenido regional y certificaciones más estrictas de mano de obra, lo que obliga a las armadoras a acelerar la relocalización de proveedores o perder terreno frente a competidores asiáticos que ya están ganando cuota en Norteamérica.
