El Gobierno mete el acelerador para dejar amarrado el Centro Capullos con un patronato y un fideicomiso que le garanticen presupuesto y operación autónoma antes de que concluya la administración, una maniobra que en el Congreso ya leen como un blindaje institucional frente a un posible cambio de gobierno.

La estructura contempla que el fideicomiso administre los recursos con reglas blindadas y auditoría externa para impedir que el dinero se desvíe o se reasigne según la prioridad del partido en turno, mientras el patronato se conformaría con representantes de la sociedad civil, especialistas en infancia y familiares para dar seguimiento directo y tener voz en las decisiones clave del centro.

El trasfondo es que Capullos ha arrastrado durante años señalamientos por hacinamiento, falta de personal y deficiencias en infraestructura sin que ningún gobierno logre resolverlas de fondo, y por eso la apuesta ahora es sacarlo de la dependencia directa del presupuesto anual y de la voluntad política del mandatario en turno.

La jugada busca que la atención a niñas, niños y adolescentes bajo resguardo del Estado deje de ser un tema coyuntural que cambia con cada sexenio y se consolide como una política de Estado con autonomía financiera y vigilancia ciudadana permanente, algo que hasta ahora solo ha ocurrido en otras entidades cuando hay voluntad de quitarle el manejo al poder ejecutivo.