La elección judicial ya tronó antes de arrancar, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, mejor conocida como JUFED, exigió replantear todo el modelo y advirtió que mover la jornada de 2027 a junio de 2028 no cura nada, solo alarga la agonía de un sistema de justicia que describen bajo asedio, para los jueces el aplazamiento confirma el fracaso operativo y abre una zona de incertidumbre constitucional que no resuelve la crisis de legitimidad ni el colapso logístico que ya anticipan.
El debate ya no es solo de fechas, desde Presidencia se propone recortar candidaturas, simplificar boletas, adelantar evaluaciones y crear una comisión para homologar criterios, además de poner reglas para que partidos no metan mano en la votación de jueces y magistrados, en los hechos el gobierno reconoce que la elección judicial, tal como fue diseñada, necesita cirugía mayor antes de volver a las urnas.
Los riesgos que ven los juzgadores son de fondo, denuncian falta de mecanismos sólidos para evaluar aspirantes, influencia de grupos de poder en las candidaturas, riesgo de captura partidista y clientelismo político-judicial, además de que la ciudadanía tendría que elegir perfiles con información limitada y boletas complejas que obligan a votar por solo una fracción de las materias de especialización.
La JUFED fue tajante, aplazar a 2028 equivale a posponer un error sistémico sin atender sus causas, porque la reforma no atacó las brechas estructurales que generan acceso desigual a la justicia ni mejoró capacidades institucionales, así que mientras el INE urge una definición para no preparar a ciegas una elección masiva y costosa, los jueces piden parar la maquinaria y rediseñar el proceso, porque dicen que lo que está en juego no es el calendario sino la independencia judicial y la confianza ciudadana.
